CONTROL SOCIAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Descripción general del programa

La violencia institucional que afecta con exclusividad a un sector de la sociedad claramente identificable, no sólo se caracteriza por el uso abusivo y arbitrario de las facultades legales de las fuerzas de seguridad, sino también por la falta de adecuado control -previo y posterior- de esas atribuciones.

Este uso sin control, tolerado expresa o tácitamente por autoridades policiales, políticas y judiciales, genera impunidad y la sistematicidad de violaciones a derechos humanos, que, en más de una oportunidad, han comprometido la responsabilidad internacional del Estado Nacional.

Prevenir adecuadamente estas prácticas abusivas y toleradas requiere de políticas públicas orientadas tanto al empoderamiento de la sociedad, como a la capacitación de las autoridades públicas intervinientes. Resulta tan importante que las personas reconozcan sus derechos y las facultades policiales, identifiquen en forma inmediata posibles vulneraciones y tengan herramientas para denunciarlas, como que las autoridades conozcan los límites de sus facultades y las consecuencias de superarlos.  

Por tanto, el programa propone estrategias en dos sentidos relacionados:

1)  Para crear y fortalecer espacios de capacitación, asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito en el que participen organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales.

Concretamente, busca, en primer lugar, subsidiar el asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito para personas de escasos recursos que hayan sido víctimas de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. 

En segundo lugar, alentar la formación de jóvenes referentes barriales y territoriales sobre los derechos que le asisten y cómo actuar frente a determinadas situaciones, para prevenir eventuales conflictos con las fuerzas policiales o bien denunciar aquellos que resulten inevitables.

2)  Para promover la capacitación  de las fuerzas de seguridad en materia de Derechos Humanos y en la búsqueda de soluciones alternativas a los conflictos cotidianos que se presentan.

La finalidad no es reemplazar la función que corresponde cumplir a oficinas del Estado que específicamente se encargan de la protección de las víctimas de delitos. Sino brindar alternativas para aquellos sectores de la sociedad que por distintas circunstancias se encuentran alejados de las instituciones públicas, y no encuentran en ellas una opción viable para reclamar por sus derechos. 

Población destinataria 

·      Organismos no gubernamentales y movimientos sociales con trayectoria en la promoción y protección de Derechos Humanos.

·      Víctimas de casos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad.

Objetivo general 

​Disminuir la violencia institucional sufrida por sectores sociales vulnerables, mediante la creación y fortalecimiento de dispositivos que ofrezcan herramientas para prevenir y sancionar prácticas policiales abusivas.

Objetivos específicos 

·      Crear y fortalecer dispositivos de asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito por parte de defensores y defensoras de derechos humanos a víctimas de violencia institucional.

·      Capacitar a las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos y en estándares internacionales de control de la protesta social y utilización de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

·      Formar referentes barriales y territoriales sobre derechos y garantías previstos en el ordenamiento jurídico frente a situaciones de conflicto con personal de las fuerzas de seguridad. 

Alcance 

En los dos primeros años de implementación, prevé la conformación de una red de al menos 50 abogados/as defensores/as de derechos humanos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, y 100 en el resto de las provincias del país.

Prestaciones 

El Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de la Nación otorgará a organizaciones sociales y organismos no gubernamentales que fundadamente lo requieran, subsidios destinados a la realización de actividades de capacitación en violencia institucional y/o a la contratación de abogados/as defensores/as de derechos humanos especializados en la materia que puedan brindar asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito.

La contratación podrá hacerse por un tiempo determinado y/o para la asignación de causas penales determinadas.

Los subsidios variaran dependiendo de diferentes criterios a establecerse (por ejemplo, área o región de incidencia; cantidad de casos; cantidad de talleres de capacitación) en montos equivalentes a determinada cantidad de sueldos mínimos vitales y móviles.  

Modalidad de Ejecución 

La Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, realizará una convocatoria para la presentación de proyectos  a organizaciones sociales y organismos de derechos humanos interesados en participar, quiénes deberán acompañar sus proyectos con antecedentes institucionales que avalen su postulación.

Luego de la evaluación de los proyectos y antecedentes, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia seleccionará las organizaciones e instituciones beneficiarias, con las cuales suscribirá un convenio por dos años. La trasferencia de fondos será trimestral.

Las organizaciones e instituciones beneficiarias deberán incluir en sus proyectos al menos dos de las siguientes actividades:

·      Patrocinar gratuitamente a víctimas de violencia institucional que no posean recursos propios para contratar abogados particulares.

·      Realizar periódicamente talleres de capacitación en los territorios destinadas a referentes barriales.

·      Realizar periódicamente talleres de capacitación a las fuerzas de seguridad sobre los estándares nacionales e internacionales para la utilización de la fuerza y armas letales y no letales. Podrá suscribir convenios de colaboración con las instituciones estatales encargadas de la formación de las fuerzas de seguridad locales. 

Modalidad de evaluación

​La trasferencia trimestral de fondos, se hará luego de la presentación de informes de seguimiento trimestrales, uno “financiero” que acredite la utilización de los fondos, y otro “de contenido” que detalle el estado de cumplimiento de las actividades previstas en el proyecto.

Aleatoriamente, podrá realizarse auditorias sobre la actuación profesional de  los/as patrocinantes. Asimismo, podrá asistirse y evaluarse las diferentes capacitaciones.

Presupuesto anual 

El equivalente a 300 sueldos mínimos vitales y móviles para el primer año.